Las decisiones sobre sexualidad y reproducción no se realizan en el vacío, tienen implicaciones en las relaciones con otros: esposo/compañero, familia, sociedad. Estas decisiones requieren ciertas condiciones sociales que puedan hacer posible su cumplimiento. No todas las personas tienen similares posibilidades de acceso a información oportuna y adecuada, servicios de salud de calidad, anticonceptivos, etc. Las diferencias no se presentan sólo entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres. Las más pobres y menos educadas, son quienes menos posibilidades tienen de ejercer su derecho a decidir. La articulación del derecho individual a decidir y la obligación social de crear condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos sienta las bases para la aplicación del principio de equidad y la construcción de la ciudadanía social, que incluye una relación de doble vía: de la comunidad hacia el ciudadano/a y del/la ciudadano/a a la comunidad, de derechos y responsabilidades.
La construcción de la ciudadanía social implica responsabilidades. La participación es un derecho pero también una responsabilidad. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas de salud, es un derecho que principalmente las organizaciones de mujeres reivindican como parte de sus derechos ciudadanos. Este derecho conlleva al empoderamiento colectivo de las mujeres. Atender una de las necesidades básicas de las personas, como es el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, significa no sólo el reconocimiento de un derecho humano; sino una exigencia de justicia que para el caso de las mujeres pobres, significa la diferencia entre la vida y la muerte.
Empoderando en derechos sexuales y reproductivos.
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